El reciente Decreto-Ley ha introducido una serie de medidas clave en el ámbito de la vivienda y el alquiler, con el objetivo de abordar diversos desafíos y promover un acceso equitativo a una vivienda digna. Estas siete medidas, establecidas en la ley de vivienda, tienen como propósito fomentar la estabilidad y protección tanto para los propietarios como para los inquilinos, además de impulsar un mercado de alquiler más justo y regulado.

Si quieres conocer más sobre las 7 medidas sigue leyendo este blog.

1. Contratos mínimos de 5 o 7 años: La Protección Habitacional en la Ley de Vivienda

Esta medida tiene como finalidad evitar la temporalidad de alquiler excesivo en los contratos de alquiler y promover la habitabilidad a largo plazo. Al establecer un período mínimo de duración, se brinda a los inquilinos una mayor protección frente a posibles cambios abruptos en sus condiciones de vivienda.

Asimismo, la ley de vivienda reconoce la importancia de garantizar la seguridad y estabilidad para los arrendatarios, permitiéndoles establecer un hogar duradero y fomentar así un sentido de arraigo en la comunidad. Estos contratos de larga duración también benefician a las familias, brindándoles la tranquilidad de contar con un espacio habitacional estable durante un período significativo de tiempo.

Se recuperan los plazos establecidos con anterioridad a la reforma de 2013. Se establece en cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en que se fija un plazo de siete años.

En cuanto a la prórroga tácita, se establece que llegada la fecha de vencimiento del contrato, si no existe comunicación de alguna de las partes se prorrogará el contrato durante tres años más.

Es importante tener en cuenta que esta medida busca encontrar un equilibrio entre la protección de los inquilinos y los derechos de los propietarios. La ley de vivienda busca promover relaciones contractuales justas y equitativas, garantizando tanto la seguridad habitacional como los intereses legítimos de las partes involucradas.

2. Limitación de fianzas a tres meses: Garantizando Accesibilidad y Equidad en la Ley de Vivienda

Esta medida busca proteger a los arrendatarios de cargas financieras excesivas al momento de firmar un contrato de alquiler. Al limitar las fianzas a un máximo de tres meses, se reduce la carga económica inicial para los inquilinos, permitiéndoles destinar sus recursos a otros aspectos de su vida cotidiana.

Además, esta disposición también busca equilibrar las relaciones contractuales entre propietarios e inquilinos, garantizando que las exigencias financieras sean razonables y acordes al costo real del alquiler. Esto contribuye a evitar abusos y prácticas injustas en el mercado de alquiler, promoviendo una mayor equidad y transparencia.

Se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza (de un mes) que pueden exigirse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, salvo que se trate de contratos de larga duración. En total son tres meses como máximo.

Es importante tener en cuenta que la limitación de las fianzas a tres meses no afecta la obligación de los inquilinos de cumplir con sus compromisos contractuales, como el pago puntual del alquiler y el mantenimiento adecuado de la vivienda. Sin embargo, esta medida brinda un alivio financiero y una mayor protección a los inquilinos al momento de ingresar a una nueva vivienda en régimen de alquiler.

3. Reglamento de la Vivienda Turística: La Ley de Vivienda Promoviendo un Equilibrio Sostenible

La regulación de la vivienda turística es uno de los aspectos abordados por la reciente ley de vivienda. Con el objetivo de establecer un marco normativo claro y equitativo, esta ley contempla disposiciones específicas en relación a las viviendas destinadas a uso turístico.

La ley de vivienda establece la necesidad de regular y controlar el arrendamiento de viviendas con fines turísticas, con el fin de preservar el equilibrio entre el sector turístico y el acceso a una vivienda digna para los residentes locales. Esta regulación busca evitar el impacto negativo que el crecimiento descontrolado de la vivienda turística puede tener en los precios de alquiler y en la disponibilidad de viviendas para los residentes de la zona.
A partir de ahora, éstas deberán ser necesariamente comercializadas a través de canales de oferta turística y remitiendo específicamente a lo establecido en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación. También se recoge una reforma del régimen de propiedad horizontal que explicita la mayoría cualificada necesaria (tres quintos) para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda.

4. Fiscalidad de la Vivienda: Ley de Vivienda para una Mayor Transparencia y Equidad

El decreto también toca la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En primer lugar se elimina la obligación de repercutir este impuesto a los inquilinos de las viviendas en alquiler social. Asimismo, se abre la posibilidad de que los Ayuntamientos decidan bonificar el IBI en inmuebles de uso residencial que sean objeto de alquiler social o asequible hasta el 95%.

5. Tanteo y retracto: Protegiendo los Derechos de los Inquilinos en la Ley de Vivienda

El concepto de tanteo y retracto es uno de los aspectos relevantes que aborda la ley de vivienda actual. Estas figuras legales tienen como objetivo proteger el acceso a la vivienda y salvaguardar los derechos de los inquilinos en situaciones determinadas.

Se establece el derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) por administraciones públicas en caso de venta conjunta de un inmueble con arrendamientos.

Estas figuras del tanteo y retracto establecido en la ley de vivienda tienen como objetivo principal proteger a los inquilinos y garantizar su derecho a acceder a una vivienda digna. Estas medidas buscan evitar situaciones en las que los inquilinos pueden perder su vivienda debido a la venta o transferencia de la misma.

La implementación del tanteo y retracto en la ley de vivienda brinda una mayor seguridad y estabilidad a los inquilinos, al permitirles contar con la opción de adquirir la vivienda en caso de que se presente una situación de venta. Estas medidas también fomentan la protección de los derechos de los inquilinos, evitando posibles desalojos injustificados y garantizando su derecho a permanecer en la vivienda que habitan.

ABAD está comprometido en informar y brindar apoyo a los inquilinos en el marco de la ley de vivienda. Si necesita más información o asesoramiento sobre este tema u otros aspectos de la ley de vivienda, no dude en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarte en tu situación.

6. Subrogación en Caso de Fallecimiento del Inquilino

Esta medida busca proteger a los familiares y personas cercanas del inquilino fallecido, garantizando su derecho a mantener en la vivienda que habitan. Se «blinda» la posibilidad de subrogación, en caso de fallecimiento del inquilino, en favor de determinados perfiles vulnerables (menores, discapacitados, mayores de 65 años).

En virtud de la ley de vivienda, se establece que en caso de fallecimiento del inquilino, determinadas personas pueden subrogarse en el contrato de alquiler. Estas personas pueden ser cónyuges, parejas de hecho, hijos u otros familiares directos que hayan convivido con el inquilino en la vivienda durante un período de tiempo determinado.

La subrogación permite que el o los subrogados continúen ocupando la vivienda en las mismas condiciones y términos establecidos en el contrato original. Esto garantiza la estabilidad habitacional y evita situaciones de desamparo o desalojo en momentos difíciles.

7. Limitación de las subidas interanuales al IPC: Protegiendo a los Inquilinos en la Ley de Vivienda frente a Aumentos Desproporcionados

La limitación de las subidas interanuales al IPC establece que los incrementos en los alquileres no podrán superar el porcentaje de variación anual del IPC, que refleja el aumento promedio de los precios en la economía. Esta medida busca garantizar la accesibilidad y estabilidad de las viviendas en alquiler, evitando situaciones en las que los inquilinos se vean afectados por incrementos excesivos y desproporcionados.

Con esta limitación, la ley de vivienda busca equilibrar las relaciones contractuales entre propietarios e inquilinos, protegiendo los derechos de estos últimos e impidiendo situaciones de vulnerabilidad económica. Además, contribuye a prevenir prácticas especulativas en el mercado de alquiler y fomenta la sostenibilidad del sector de la vivienda.

El incremento producido como consecuencia de la actualización anual de la renta no podrá exceder del Índice de Precios al Consumo a fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato.

Es importante tener en cuenta que la limitación de las subidas interanuales al IPC no impide que los propietarios ajusten los precios de alquiler en casos justificados, como mejoras significativas en la vivienda o cambios en la legislación aplicable. Sin embargo, se establece un límite para garantizar que los incrementos sean razonables y acordes con la evolución económica general.

ABAD está comprometido de informar y defender los derechos de los inquilinos en el marco de la ley de vivienda. Si necesita asesoramiento o tiene dudas sobre la limitación de las subidas interanuales al IPC u otros aspectos relacionados, no dude en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarte. 

En conclusión, el nuevo Decreto-Ley sobre vivienda y alquiler ha introducido siete medidas fundamentales que buscan promover la estabilidad, protección y equidad en este ámbito. 

Estas medidas, establecidas en la ley de vivienda, abordan aspectos clave como la limitación de los aumentos de alquiler al IPC, la fijación de contratos mínimos de duración, la regulación de los desahucios, el fomento de la rehabilitación de viviendas, la protección de los derechos de los propietarios, la creación de un registro de viviendas desocupadas y la fortaleza en la protección de los inquilinos en situación vulnerable.

En conjunto, estas medidas buscan crear un marco legal que promueva la estabilidad habitacional, la justicia en el mercado de alquiler y el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos.

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